Novelo, primer investigado por huachicol en BC

Este es el segundo sexenio en el que autoridades federales investigan una sofisticada red de contrabando de hidrocarburos que opera a través de puertos marítimos clave y redes empresariales con conexiones a figuras políticas y grupos del crimen organizado, pero no se actúa en contra de nadie hasta el momento. Sólo se incorporan nuevos nombres de personas físicas y empresas prestadoras de servicios a los que ya se tienen por lo menos desde 2020 en carpetas de investigación iniciadas en la Fiscalía General de la República (FGR).

A partir de los dos operativos históricos realizados por el Gobierno Federal en marzo de 2025 en los puertos de Tampico, Tamaulipas, y Ensenada, Baja California, en los que fueron asegurados en conjunto más de 18 millones de litros de combustibles ilegales, se evidenció la magnitud de esta red a la que se le ha permitido crecer en capacidad, logística y expansión territorial, pues no sólo se aseguró hidrocarburo, sino también infraestructura especializada como tanques, tractocamiones y buques, lo que revela un sistema criminal altamente organizado.

 

De manera reciente y a raíz del aseguramiento masivo en Ensenada, el nombre del exsenador de Morena, Gerardo Novelo Osuna, se agregó al de los sospechosos de formar parte de la telaraña del comercio de combustible ilegal, ya que resultó ser el propietario del inmueble que fungía como patio de almacenamiento de aproximadamente ocho millones de litros de diésel presuntamente ilícito, además de estacionamiento de numerosos vehículos de transporte del combustible. El exlegislador aseguró tener el predio bajo arrendamiento a terceros e inició un juicio de amparo para protegerse de posibles acciones legales.

Otro nombre, que ya obraba en viejas indagatorias de la FGR es el de José Isabel Murguía Santiago “El Chabelo”, que desde 2020 figura como administrador, representante, socio y hasta accionista principal en diversas empresas dedicadas al autotransporte federal de carga, algunas de ellas constituidas apenas en 2024 y 2025, presuntamente ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Su identidad no revelaba gran cosa hasta hace unos meses, sino hasta que estalló el escándalo del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde se localizó un campo de adiestramiento de la organización criminal, motivo por el que su hermano, José Ascención Murguía, alcalde de ese municipio -hasta el 3 de mayo último-, fue detenido.

 

El tráfico ilegal de combustible bajo la modalidad de “huachicol fiscal” o “huachicol marítimo”, implica la importación, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, principalmente diésel, a través de diversos puertos mexicanos. Esta red opera mediante la introducción de hidrocarburo de origen dudoso, principalmente desde Estados Unidos, utilizando documentación falsa para evadir impuestos como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Según estimaciones, esta actividad ha generado un quebranto fiscal de hasta 554 mil millones de pesos al cierre de 2024, según datos de la US Energy Information Administration.

El combustible ilícito ingresa a México en buques, se almacena en centros clandestinos y se distribuye mediante una red de empresas de transporte y facturación que ocultan la trazabilidad del producto. Las autoridades han identificado a esta red como un esquema binacional que involucra a cárteles como el referido CJNG y el Cártel del Golfo, que han diversificado sus operaciones del narcotráfico al robo y contrabando de combustible.

 

 

GOLPE EN ENSENADA

La tarde del 26 de marzo de 2025 marcaría un antes y un después en la investigación del contrabando de combustible en el país, luego de que aproximadamente a las 17:00 horas se desplegara un importante operativo de fuerzas federales hacia un predio ubicado sobre el kilómetro 100 de la carretera Ensenada-Tijuana, en la delegación El Sauzal de Rodríguez, en Ensenada. Elementos del Ejército Mexicano (Defensa), la Guardia Nacional (GN), y la FGR llegaron al sitio para asegurar tractocamiones, autotanques e hidrocarburo almacenado en grandes contenedores.

Como ocurre en casos importantes, no hubo personas detenidas.

Lo que inicialmente se le reportaba a los medios de comunicación como una toma clandestina de combustible, se trataba en realidad de un centro clandestino de almacenamiento y distribución de hidrocarburo ilegal. Esa misma tarde, en cuanto trascendió el hecho, el exsenador morenista Gerardo Novelo Osuna emitió un comunicado a través de las redes sociales para exculparse del tremendo hallazgo. Confirmó que el terreno de más de cuatro hectáreas es suyo, pero dijo que lo tiene en arrendamiento a una persona de nombre Luis Francisco Rodríguez Orozco, “El Gussy”, cuyo fiador es Diego Alonso Montoya Bonillas.

Dos días después, a través de redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que en el predio fueron asegurados por la Defensa y la GN aproximadamente ocho millones de litros de hidrocarburo, y publicó fotografías que mostraban la cantidad de vehículos y cajas contenedoras en el gran lote. Concluido el cateo se informaron cantidades certeras. Se contabilizaron siete millones 944 litros de diésel, 100 cajas tipo contenedor con capacidad de 72 mil 800 litros cada una, 19 tractocamiones, seis remolques tipo cisterna para 31 mil litros, 12 motobombas, una cisterna con cuatro mil litros de urea y dos oficinas dentro de remolques.

Trascendió que las compañías transportistas encargadas de movilizar el combustible son Autolíneas Roca, SAPI de C.V. y Mefra Fletes, S.A. de C.V. La plataforma de rastreo Marine Traffic estableció que, dos semanas antes, el buque “Torm Agnes”, de la empresa asiática Tianjin Yuanhang, fue el último que llegó al puerto de Ensenada y estuvo atracado del 8 al 10 de marzo. Como ZETA lo informó en la edición 2662, del 4 al 10 de abril de 2025, las descargas de hidrocarburo de la embarcación hacia pipas de Roca y Mefra Fletes se realizaron con autorización de la Aduana Marítima y autoridades locales implicadas en los operativos. El buque con bandera de Dinamarca arribó procedente de Vancouver y después siguió hacia Guaymas, Sonora, para descargar otros dos millones 226 mil litros de diésel.

En una revisión de los registros públicos de propiedad, Investigaciones ZETA encontró coincidencia entre las empresas Autolíneas Roca y Mefra Fletes, pues ambas fueron inscritas en Nuevo León, con operaciones en Tamaulipas, Jalisco y Coahuila, además de que comparten accionistas, entre ellos, Héctor Manuel Portales Ávila, secretario de Roca y representante legal de Mefra. También se pudo conocer que el administrador general de esta última compañía es José Isabel Murguía Santiago, hermano del encarcelado expresidente municipal de Teuchitlán José Ascención, de los mismos apellidos, mejor conocido como “El Chon” y ligado por la FGR a acciones de reclutamiento forzado para el CJNG.

 

EL EXSENADOR NOVELO

La orden de cateo para que el Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares, las Fuerzas Armadas, pudieran ingresar al predio del almacén huachicolero en El Sauzal se otorgó en el Juzgado Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, en la carpeta administrativa 26/2025, donde se tuvieron que reportar los hallazgos; hecho que dejó muy preocupado al exsenador Gerardo Novelo Osuna, quien el 29 de abril siguiente, por derecho propio, presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito de la entidad, temiendo algún acto tendiente a la privación de su libertad.

En el juicio de amparo 413/2025, el exlegislador reclamó como acto principal: el “libramiento de una orden comparecencia y/o aprehensión, en mi contra (…) y la orden presentación y/o detención, en mi contra (…); toda vez que, no he cometido ningún delito que amerite las órdenes antes descritas, ni algún otro ilícito que amerite sea presentado o detenido por las autoridades ordenadoras o diversas” y apunta como fecha de la posible emisión del eventual mandamiento judicial del que se duele, el 22 de abril.

Novelo Osuna señala como autoridades responsables ordenadoras a los jueces de distrito en funciones de Juez de Control adscritos al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada y a los que están en los reclusorios Sur, Norte y Oriente de la Ciudad de México. También teme que la orden de privarlo de su libertad pudiese provenir de los antiguos jueces de Procesos Penales Federales en la CDMX.

Menciona como autoridades ejecutoras a los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Delegación de Baja California, con residencia en Ensenada; a los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con sede en la Ciudad de México; a los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos, Derechos de Autor, Asalto y Robo de Vehículos; al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero; al coordinador de Métodos de Investigación de la Fiscalía General de la República; y al titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la misma FGR, todos con sede en la Ciudad de México.

El empresario y político, que este año cumple 60 años en el mes de agosto, solicitó del juez la suspensión provisional del acto reclamado, misma que le fue concedida a cambio de la exhibición de una garantía económica de seis mil pesos “para el efecto de que sin privar de la libertad al quejoso, se le permita el desahogo de diligencias dentro de la carpeta de investigación de origen”; sin embargo, dicha protección provisional podría ser modificada cuando en audiencia incidental a celebrarse el próximo 9 de junio, se resuelva sobre la suspensión definitiva.

Por su parte, la audiencia constitucional para la posible resolución del fondo del amparo fue establecida para el 10 de junio, fecha que posiblemente sea diferida si para ese entonces no se han recabado todos los informes de las autoridades involucradas.

El quejoso Novelo Osuna sigue aportando pruebas de que el acto reclamado podría existir, entre ellas una copia simple relativa a la determinación ministerial de aseguramiento del terreno por parte de la FGR, pues no se conoce de acciones legales de parte del arrendatario del predio de El Sauzal, Luis Francisco Rodríguez Orozco, supuestamente apodado El Gussy, mucho menos del obligado solidario, Diego Alonso Montoya Bonillas.

En tanto se desahogan las fases del juicio de amparo del político morenista, un agente del Ministerio de la Federación Titular de la Célula A-I-5, de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos, Derechos de Autor, Asalto y Robo de Vehículos, continúa las investigaciones con el apoyo de la Policía Ministerial Federal.

LOS TRANSPORTES

La investigación de ZETA desde Ensenada hizo visible a José Isabel Murguía Santiago, conocido como Chabelo entre sus más allegados, como el administrador general de la empresa Mefra Fletes S.A. de C.V., junto con su sobrino José Ignacio Flores Santiago, que es el apoderado de cobranza, ambos de Teuchitlán y familiares directos del exalcalde del municipio jalisciense. Dicha compañía fue constituida en 2015 y transporta hidrocarburos desde y hacia los estados de Jalisco, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Ha sido señalada como una de las principales responsables del traslado de combustible ilegal en los puertos de Ensenada y Tampico.

Con ellos colaboran en Mefra, el mexicoamericano Roberto Blanco Cantú, alias Roberto Brown Cantú, apodado “El Señor de los Buques”, de 30 años, que también es fundador de Autolíneas Roca; José René Tijerina Mendoza, socio de Blanco Cantú en Mefra Fletes y propietario de Autotransportes Montimex; José Ramírez Guardado, otros administrador; Brenda Mariela Salas Ramírez, cuyo rol específico es investigado; Héctor Portales Ávila, representante legal; José Daniel Alejandro Soto Manríquez, delegado; y Gustavo de Jesús Guillén Chávez. La mayoría avecindados en la zona metropolitana de Guadalajara.

Fuentes de la FGR, señalan que algunos familiares de Blanco -en Tamaulipas- cuentan con antecedentes ligados al crimen organizado; mientras que a Tijerina le relacionan con ilícitos diversos.

En el caso de Chabelo Murguía, aunque su nombre, y principalmente sus apellidos, saltaron a la luz pública a raíz de la detención de su hermano Chon, en realidad ya contaba con viejos señalamientos en la Fiscalía General de la República como socio y administrador de la empresa Impulsora de Productos Sustentables (IPS), investigada en 2021 por robo de hidrocarburos a plataformas de Pemex, en el Golfo de México y tráfico de combustibles desde la Unión Americana con documentos falsos. Dicha compañía fue creada en Guadalajara en 2013 con el objeto social de compra-venta de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, además de la gestión o contratación de los servicios de transporte, almacenamiento o distribución de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

Galem Energy se convirtió en accionista mayoritario en mayo de 2020 y José Isabel Murguía y Edgar Marín Meza Moreno, quedaron como socios minoritarios. Se investigan sus nexos con el CJNG.

Otra empresa en la que aparece Isabel Murguía, pero con el 80 por ciento de las acciones, es Transporte Mursan, S.A. de C.V., creada el 3 de junio de 2024 en Zapopan, Jalisco, compartiendo el 20 por ciento restante con la licenciada en informática administrativa, egresada de una universidad particular importante de Jalisco, Rebeca Yleana Castañeda Franco. La constitución de la compañía se realizó con un capital mínimo de 50 mil pesos, ante el corredor público número 42, Antonio Rodríguez López. La razón social de Mursan es la abreviatura de los apellidos Murguía Santiago.

El objeto social de ésta es la prestación de servicio público federal de auto transporte de carga regular y especializada de todo tipo de artículos, mercancías, así como de materiales y residuos peligrosos, en las rutas o tramites de jurisdicción federal, internacional y local; la representación comercial de cargas y comisiones por el manejo de estas; y la representación de empresas trasnacionales que ofrezcan todo tipo de servicios portuarios relacionados con el comercio exterior, entre otras múltiples actividades. El tipo de administración es “unipersonal”, con Chabelo como administrador general, y fue designada, por unanimidad, como comisaria del órgano de vigilancia la señora Erika Irene Barajas Peña.

Es de resaltar que apenas en febrero de 2025, José Isabel Murguía Santiago creó una nueva empresa llamada Reisa Logistic, S.A. de C.V., datos que ya obran en poder de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos, Derechos de Autor, Asalto y Robo de Vehículos, de la FGR, que hasta el momento no ha emitido información alguna. Si acaso el fiscal Alejandro Gertz Manero, afirmó el 20 de mayo en la mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que los hermanos Murguía y su familia presuntamente “son los propietarios de todos los camiones que se utilizaron tanto en Tamaulipas como en Ensenada para mover esa droga (sic). Y todo esto está vinculado finalmente con el Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Gertz aseguró que se trata de una red de 210 empresas que participa en el trasiego de combustibles de procedencia ilícita.

 

fuente ZETA