ENSENADA: ¿Y AHORA QUÉ? ¿HASTA CUÁNDO VAMOS A SEGUIR CONSTRUYENDO SOBRE EL PELIGRO?

La tormenta Rachel dejó al descubierto décadas de desorden territorial, permisos cuestionables e invasiones en zonas de riesgo. Pero la pregunta más dolorosa sigue sin respuesta: ¿qué sucederá con quienes perdieron su único patrimonio?
La tormenta Rachel no solamente arrastró viviendas, vehículos, calles y patrimonios. También dejó al descubierto una pregunta profundamente incómoda: ¿quién permitió que Ensenada creciera en lugares donde jamás debió construirse?
Según cifras difundidas por el Ayuntamiento de Ensenada el pasado 16 de octubre, 1,455 viviendas resultaron afectadas: 596 con pérdida total y 859 con daños parciales. Detrás de cada número hay familias, sacrificios, ahorros y, en muchos casos, el patrimonio de toda una vida.
Yo sinceramente, después de recorrer el territorio creo que la cifra es más alta.
Y lo más preocupante es que Ensenada anunció desde enero de 2026 que contaba con un Atlas de Riesgos actualizado. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Se atendieron sus advertencias? ¿Se revisaron los asentamientos vulnerables?
Durante décadas se han comercializado terrenos a orillas de arroyos, sobre antiguos cauces, en zonas inundables, laderas inestables y superficies aparentemente firmes, esos llamados terrenos de mazapán, que pueden erosionarse, desmoronarse o colapsar ante determinadas condiciones.
Y no hablamos solamente de asentamientos irregulares ni de familias que, por necesidad, construyen donde pueden.
También hablamos de fraccionamientos autorizados, desarrollos inmobiliarios de lujo, terrenos frente al mar y propiedades vendidas a precios exorbitantes, donde los compradores confían en que una escritura o licencia representa una garantía de seguridad.
Pero una escritura no detiene un deslave. Un permiso no contiene un arroyo. Y ninguna licencia puede impedir que el mar avance o que un sismo comprometa un terreno inestable.
¿QUIÉN AUTORIZÓ Y QUIÉN SE BENEFICIÓ?
El artículo 161 de la Ley de Desarrollo Urbano de Baja California contempla condiciones relacionadas con las características topográficas, hidrológicas y geológicas de los terrenos destinados a urbanización.
Entonces, ¿quién autorizó las subdivisiones y los cambios de uso de suelo? ¿Quién revisó los estudios técnicos? ¿Quién permitió construir o comercializar terrenos potencialmente peligrosos?
Y todavía más delicado: ¿por qué durante tantos años se ha tolerado que presuntos líderes sociales, intermediarios políticos, invasores y especuladores promuevan ocupaciones o ventas de terrenos federales, particulares o de propiedad incierta?
¿Por qué las ganancias quedan en manos de quienes lucran con la tierra y la necesidad de vivienda, mientras las consecuencias terminan pagándolas todos los ensenadenses?
Cuando llega la tragedia, la ciudadanía termina financiando con sus impuestos reparaciones, infraestructura, servicios de emergencia y reconstrucción.
Las ganancias fueron privadas. Las pérdidas terminan siendo públicas.
¿Y los responsables? ¿Dónde están? ¿Por qué casi nunca conocemos sanciones ejemplares? ¿Quién responde cuando se demuestra que existieron autorizaciones irregulares, negligencia o aprovechamiento ilegal de terrenos?
RACHEL NO TIENE POR QUÉ SER LA ÚLTIMA ADVERTENCIA
El cambio climático puede intensificar ciertos fenómenos de lluvias extremas. Los ciclos de El Niño y La Niña modifican los patrones meteorológicos, mientras que Baja California enfrenta también amenazas sísmicas y geológicas.
Otra tormenta podría ser más intensa. Un arroyo seco podría volver a desbordarse. Una ladera saturada podría deslizarse y un sismo podría agravar la inestabilidad de determinados terrenos.
No sabemos cuándo llegará el siguiente fenómeno natural, pero sí sabemos que construir sin respetar los riesgos multiplica las consecuencias.
Ensenada necesita una auditoría pública de permisos de construcción, subdivisiones y fraccionamientos; revisar dictámenes municipales y estatales; delimitar cauces y zonas federales con intervención de Conagua; identificar asentamientos vulnerables y hacer públicos los estudios que respaldaron las autorizaciones.
No se trata de perseguir a quien necesita vivienda, sino de investigar a quienes pudieron lucrar con esa necesidad y determinar las responsabilidades de quienes tenían la obligación de proteger a la población.
La presidenta municipal Claudia Agatón, las autoridades estatales y las dependencias federales tienen frente a sí una responsabilidad que trasciende cualquier administración: impedir que la reconstrucción de hoy se convierta en la tragedia de mañana.
¿QUÉ VA A PASAR CON LAS FAMILIAS?
Aquí está el verdadero drama humano.
¿Qué sucederá con quienes perdieron su casa, o gran parte de ella, y cuyo único terreno está junto a un arroyo, sobre un antiguo cauce, en una ladera inestable o frente a una costa amenazada por la erosión?
¿Qué ocurrirá cuando quieran regresar a reconstruir porque sencillamente no tienen otro lugar donde vivir?
¿Se les permitirá levantar nuevamente sus paredes sobre un terreno peligroso? ¿Se les prohibirá construir sin ofrecerles una alternativa? ¿Quién pagará una reubicación? ¿Quién responderá por su patrimonio perdido?
¿Y qué pasará con quienes les vendieron esos terrenos, promovieron las invasiones, cobraron por lotes que quizá nunca debieron comercializarse o autorizaron irregularmente su ocupación?
Sería profundamente injusto que una familia perdiera su casa por una tragedia natural y después se quedara sin posibilidad de reconstruir ni una solución digna, mientras quienes actuaron ilegalmente permanecen impunes.
Ensenada necesita distinguir entre las víctimas y los posibles responsables. Necesita soluciones habitacionales reales, seguridad jurídica e investigaciones serias, no solamente discursos de solidaridad.
Y termino con las preguntas que deberían estar sobre la mesa de todas las autoridades:
¿Qué va a pasar con las familias que perdieron su único patrimonio y no tienen otro lugar donde vivir?
¿Qué va a pasar con quienes compraron de buena fe terrenos que hoy representan un peligro para sus vidas?
¿Qué va a pasar con quienes les vendieron, autorizaron o facilitaron la ocupación de esos terrenos, si se demuestra que actuaron ilegalmente?
¿Quién va a responder por las víctimas y quién va a responder por los responsables?
Porque Rachel ya pasó, pero cientos de familias siguen frente a una incertidumbre que ninguna autoridad debería ignorar.
¿Qué va a pasar cuando una familia quiera regresar a levantar su casa precisamente en el mismo lugar donde la naturaleza acaba de demostrarle que podría volver a perderlo todo?
¿QUÉ SIGUE PARA ENSENADA?
(Y una última pregunta para las autoridades municipales y federales: ¿saben que incluso existen anuncios espectaculares y carteleras aparentemente instalados en cauces de arroyos o zonas federales de riesgo? ¿Han verificado su ubicación, sus permisos y los riesgos que podrían representar? ¿Están enteradas de esta situación o sencillamente nadie la ha revisado?)
Javier García Camarena